Propuestas para el proceso de "protección de persona" de hoy y de mañana

Por Eduardo José Cárdenas[1] y Marisa Herrera[2]

1. Palabras preliminares

2. Introducción

3. Algunas consideraciones previas

3.1. Competencia en razón de la materia: ¿Tribunales nacionales o locales?

3.2. Sustento normativo: ¿Qué tipo de ley debe regular el tema?

3.3. Maltrato infantil: ¿en el marco de una denuncia por violencia familiar o "protección de persona"? Redelimitando el ámbito de aplicación

4. Cómo superar los déficit del sistema actual

4.1. Cómo el proceso de "protección de persona" puede promocionar a la familia

4.2. Cómo hacer para que la "protección de persona" no "judicialice la pobreza".

4.3. Para que la "protección de persona" no vulnere el derecho de defensa en juicio

4.4. Para que la "protección de persona" no prolongue sine die la "protección" o la incertidumbre sobre el destino de los sujetos "supuestamente tutelados"

5. Otras propuestas

5.1. Delimitación del campo de aplicación

5.2. Otra cuestión de competencia... territorial

6. Reflexiones finales

1. Palabras preliminares

En un trabajo de reciente publicación uno de nosotros[3] ha señalado algunas falencias que, a nuestro entender, descalifican el proceso de “protección de persona”. Es posible que en aquella oportunidad se haya pecado en focalizar sobre ciertas carencias, profundizando sólo sobre los aspectos negativos que conlleva en la actualidad este tipo de proceso, sin haber analizado en profundidad propuestas concretas que habiliten modificar la práctica actual de esta vía procesal que involucra cuestiones de fondo. En otras palabras, entendemos que ha quedado una deuda pendiente sobre los “vientos de cambio” que deben primar en el proceso de “protección de persona”, vistos desde una mirada positiva, no centrada en la denuncia. En definitiva, ver cómo se puede mejorar el sistema vigente mediante el planteo de propuestas concretas.

Es así que el presente espacio ha devenido en un desafío. En primer término, por intentar saldar aquella deuda, la extralimitación crítica mencionada. Y en segundo lugar y como principal objetivo, por la abierta de intención de elaborar y compartir varias iniciativas concretas que tienen por objeto enfrentar aquellos “vientos de cambio”.

Pero esta última y compleja meta propuesta nunca podría haber sido abordada de manera solitaria. Por el contrario, cualquier elaboración más o menos seria y profunda tendiente a la construcción de propuestas de modificación viables debe, inexorablemente, sumar voces provenientes del campo de la experiencia. Ello se puede lograr por diferentes medios, como ser: mediante la realización de entrevistas estructuradas o semi-estructuradas a informantes claves, la observación participante o, simplemente, pensando y escribiendo el trabajo en colaboración. Este último ha sido la opción elegida, de allí que el presente documento es el resultado derivado de un profuso intercambio de ideas y posterior consenso sobre algunas soluciones posibles.

2. Introducción

En algunos contextos – escasos con relación a la gran cantidad de expedientes judiciales de “protección de persona” -, se ha alertado sobre los déficit de la medida cautelar de protección de persona, de conformidad con el tratamiento otorgado por los arts. 234 y siguientes del CPCCN-; devenida en la práctica judicial un proceso autónomo o, en palabras de la moderna doctrina procesal, en una verdadera “medida autosatisfactiva”.[4]

De seguro será compartida la idea sobre que nos encontramos obligados a tomar como punto de partida – y de llegada también -, los principios, reglas y valores incorporados en los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados en la reforma constitucional de 1994[5], en particular y dada su especialidad, la Convención sobre los Derechos del Niño. En este contexto, no es de extrañar que para comenzar a pensar en la posibilidad de una futura reforma legislativa, nos preguntemos si la fuerza signada por la práctica actual a la par o en sincronía con el escaso marco normativo sobre este tipo de proceso de “protección de persona”, se condice, es compatible o respeta aquellos principios rectores introducidos por los instrumentos señalados. En otras palabras, el puntapié inicial para cualquier propuesta de reforma legislativa consiste no sólo en conocer aquel bagaje normativo supralegal que da sustento e incentiva el desarrollo actual en materia de derechos humanos, sino también indagar en qué medida ha impactado o debería impactar en el proceso judicial protagonista de esta historia, la “protección de persona”. Indudablemente todo ello conlleva la inexorable revisión y readecuación de prácticas tradicionales vigentes que continúan dándole la espalda a los derechos del niño.

Y en esta línea argumentativa nos preguntamos: ¿es necesario instar directamente por su derogación o basta con que sea reformada? En este último supuesto, ¿en qué dirección? Y, de manera más específica ¿cuáles serían las pautas de tal reforma?

En síntesis, el objetivo de este de este trabajo consiste en acercar posibles respuestas a estos interrogantes.

3. Algunas consideraciones previas

3.1. Competencia en razón de la materia: ¿Tribunales nacionales o locales?

No es novedad que la Ciudad de Buenos Aires ha visto modificado su status legal gracias a la sanción de su Carta Magna en el año 1996.

Desde aquel entonces y hasta la actualidad, varias voces se han alzado con la intención de profundizar, y así descifrar, su verdadera naturaleza jurídica. Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución Nacional dice de manera expresa que “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…”, la supuesta oscuridad, multivocidad y contradicción habida entre distintas normativas –principalmente la ley 24.588, más conocida como la ley Cafiero-, ha dejado abierto el debate sobre qué es la Ciudad de Buenos Aires, ¿una provincia, un municipio o una figura intermedia?

Contradicción que es receptada y ampliada por la doctrina, y que se visualiza en las distintas opiniones encontradas en torno a esta cuestión.[6]

En relación al tema que nos convoca, es dable señalar que, coherente con la autonomía adoptada, la Constitución local dispone de manera expresa en el punto 5 de su cláusula transitoria duodécima que “La legislatura creará los tribunales de vecindad en cada comuna… Sin perjuicio de la competencia que la ley determine, deberá entender en materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales hasta el monto que la ley establezca, prevención en materia de violencia familiar y protección de personas” [7]. Paralelamente la cláusula transitoria segunda acepta las restricciones impuestas por la citada ley 24.588 al expresar “Las disposiciones de la presente Constitución que no puedan entrar en vigor en razón de limitaciones de hecho impuestas por la ley 24.588, no tendrán aplicación hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su competencia”. Es que, básicamente, la ley 24.588 en el primer párrafo de su art. 8 expresa “La justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación…”. Y además deja claramente establecido en el art. anterior que “El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes” (conf. Art. 7).

La simple lectura de todo este bagaje normativo nos permite inferir las restricciones existentes en contra de la autonomía aludida, y por la cual la justicia local sólo “tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales” (conf. Art. 8 último párrafo de la ley 24.588).

A mayor abundamiento y en íntima conexión con el tema propuesto, a fines del año pasado (04/12/03) la legislatura porteña dictó la ley 1265 sobre Protección contra la violencia familiar y doméstica, la cual se vio vetada por el decreto nº 36 de fecha 09/01/04, por entenderse “que la ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar nº 24.417… resulta de aplicación para los Tribunales Nacionales, por lo que se producirá un conflicto de leyes hasta tanto se creen los tribunales locales a los cuales atribuye competencia el art. 4 del proyecto de ley en análisis –se refiere a la justicia de vecindad-; Que, por su parte, y sin perjuicio de que la Justicia Ordinaria Nacional en lo Civil tiene competencia en materias eminentemente locales, por lo que corresponde su transferencia a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es menos cierto que hasta la fecha, dicho fuero corresponde al Poder Judicial de la Nación, por lo que una ley local no podría atribuirle competencias…”.

Se puede visualizar entonces que dentro del debate pendiente sobre la limitación o delimitación de competencias entra la Nación y la Ciudad de Buenos Aires también subyace otro debate conexo: la no transferencia de competencias – entre ellas las que atañen a las cuestiones de familia - de la justicia nacional a la justicia local. Y en relación a ello nos topamos con tres tipos de normas que coexisten en un mismo ámbito territorial. Y en este marco de incertidumbre no debe sorprender que nos hallemos en un caos legislativo al encontrarnos regulados por normas dictadas por el Poder Legislativo nacional de aplicación en todo el país; en segundo término, con normas provenientes del mismo órgano pero cuya aplicación se circunscribe al ámbito local (el ejemplo más conocido en el campo del derecho de familia es la ley 24.417 de Protección contra la violencia familiar) y por último y desde la conformación del poder legislativo porteño, con normas “puramente” locales.

La razón principal por la cual hemos puesto de resalto la existencia de este conflicto pendiente de solución, reside en dejar en claro que no sólo tenemos en cuenta ello sino además destacar que, las distintas propuestas concretas de modificación del actual proceso de “protección de persona” a las que arribemos lo son en base a la estructura actual del sistema judicial, o sea, en cabeza de la justicia nacional en lo civil con competencia exclusiva en asunto de familia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Es por ello necesario advertir que cualquier modificación posterior en materia de competencia traerá, necesariamente, una adaptación de nuestras sugerencias.

Pero hay más que decir. Por citar una de las tantas incógnitas que suscita la estructura organizativa que prevé la Carta Magna local, nos preguntamos cómo o de qué manera un tribunal de vecindad (de conformidad con lo dispuesto en el punto 5. de la cláusula transitoria decimosegunda) podría entender en materias como violencia familiar y “protección de persona”, signadas por características totalmente disímiles a las que se ventilan ante un órgano judicial que se crea en base a conflictos de menor cuantía, cuya clasificación reposa en razones de índole estrictamente patrimonial. En otras palabras: ¿Cuáles son los recaudos que la organización del fuero de vecindad debería receptar para que su intervención se adecue a aquellos tipos de conflictos alejados de fundamentos de índole patrimonial?

Por último, es dable destacar una reciente nota publicada el 13/07/04 en un diario jurídico de difusión electrónica[8], hizo referencia a una iniciativa apoya por un grupo de diputados de diferentes extracciones políticas. Y al respecto, se cita palabras expresadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra, quien expresó que “Compartimos un objetivo común que es avanzar en la autonomía de la Ciudad y la derogación de la llamada Ley Cafiero”. En la misma nota se pone de resalto la fuerte resistencia habida por parte de los jueces nacionales con asiento de la Ciudad de Buenos Aires quienes, representados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional aseveran que “Buenos Aires es la capital de la República Argentina y, mientras mantenga esa condición, en ese territorio federalizad no cabe otro jurisdicción que la nacional”. En síntesis, el debate está planteado, continúa abierto y lo percibimos.

3.2. Sustento normativo: ¿Qué tipo de ley debe regular el tema?

Otras de las cuestiones-dudas que se nos plantea a la hora de esbozar herramientas para un cambio radical en materia de “protección de persona” se refiere a qué tipo de marco normativo debería sustentar tales modificaciones. ¿Una ley especial o autónoma? ¿Dentro de un capítulo especial en una ley de violencia familiar? ¿Dentro de una ley de protección integral de niños y adolescentes? ¿Dentro del propio Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación actual? De adoptarse este último criterio, ¿se debería modificar los artículos vigentes o derogarlos y crear un capítulo propio adicionando otro proceso especial?

En primer término nos parece oportuno aclarar que, de conformidad con la idea unánime en torno a que las cuestiones procesales o de forma son de índole local, contrariamente a las de fondo o sustanciales que pertenecen al ámbito nacional, no perdemos de vista algunas iniciativas llevadas a cabo tendientes a contar con un código procesal sobre familia de aplicación territorial local. [9]

Entendemos que estas cuestiones de tinte eminentemente procesal no hacen a las serias y fundadas críticas de fondo sobre el proceso de “protección de persona”. Es por ello que nuestra intención en este punto ha sido, a efectos meramente informativos, seguir compartiendo otras inquietudes que nos genera el tema. En otras palabras, no pretendemos aquí agotar la cuestión sobre el marco legal adecuado para este tipo de proceso.

Sin embargo, este trabajo lo hemos realizado tomando como marco una ley especial sobre “protección de persona” (y sin descartar la posibilidad de que inclusive la denominación también pudiese ser pasible de modificación). Nos inclinamos por ella porque entendemos que una ley autónoma y especial (como lo es, por ejemplo, la 24.417 de protección contra la violencia familiar) se adecua mejor que disposiciones insertas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación o en un eventual Código Procesal de Familia a la realidad bifronte de reglas que son a la vez e inescindiblemente de forma y de fondo.

Añadimos que, dado los cambios profundos a los cuales se vería sometido este tipo de proceso, la derogación de los art. 234 a 237 inclusivo del CPCCN, devendría obvia.

3.3. Maltrato infantil: ¿en el marco de una denuncia por violencia familiar o “protección de persona”? Redelimitando el ámbito de aplicación

Como punto de partida para avanzar en la respuesta al interrogante expresado y además a modo de disparador del presente apartado, es dable recordar que el art. 234 del CPCCN constituye el articulado central que delimita el ámbito de aplicación de la medida-proceso de “protección de persona” – y más allá de las modificaciones sustanciales sufridas por la práctica y de manera consuetudinaria-, el que dispone que podrá decretarse la guarda “2) de menores que sean maltratados por sus padres, tutores, curadores o guardadores, o inducidos por ellos a actos ilícitos o deshonestos o expuestos a graves riesgos físicos o morales; 3) de menores o incapaces abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones…”.

Por otra parte, recordemos que la ley 24.417 que data de 1997 regula el procedimiento para la “protección contra la violencia familiar”.

La simple lectura de ambas normativas nos habilita a inferir la posible “superposición” legislativa habida sobre ciertas situaciones fácticas que podrían sintetizarse bajo la denominación de “maltrato infantil”. ¿O acaso el abandono de los menores al que alude el inc. 3 del art. 234 del CPCCN no es una forma o tipo de maltrato?

Es por ello que juzgamos necesario, y de manera previa a todo análisis en pos de elaborar propuestas de cambio, despejar ciertas dudas referidas al ámbito de aplicación de la “protección de persona” y, en especial, a su distinción con los supuestos que se ventilan en el marco de un proceso por denuncia por violencia, un tanto amplio a tenor de la redacción receptada en el art. 1 de la ley 24.417.

En este sentido, y tal como lo desarrollaremos en párrafos más adelante cuando nos detengamos a analizar cómo el proceso de “protección de persona” debe promocionar a todo el núcleo familiar, estamos convencidos de que las situaciones de violencia directa sobre niños y adolescentes de hasta 18 años de edad, el conflicto debe tramitar por el proceso de “protección de persona” y no por el de violencia familiar. De la lectura integral de la ley 24.417, se puede colegir que este proceso está, básicamente, focalizado en las situaciones de violencia en la pareja –matrimonial o no - al pecar de bastantes silencios, y entre ellos no receptando estrategias de intervención diferentes cuando de se trate de casos de violencia donde se encuentran involucrados personas menores de 18 años de edad. Por citar un claro ejemplo, la no previsión de la participación activa de estas personas, de qué manera deben intervenir o en qué carácter, desoyendo así la manda constitucional que prevé el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este raciocinio, las situaciones de violencia entre adultos o conflictos entre padres e hijos adolescentes mayores de 18 años de edad, se ventilarían en un proceso reglado por la ley 24.417, que resulta adecuado para personas que aún cuando sean menores de edad según el Código Civil (en atención que nuestro ordenamiento jurídico vigente continúa receptando un mayoría de edad comparativamente alta), tienen un desarrollo personal suficiente como para sostener una intervención de esas características.

Se puede apreciar cómo esta distinción conlleva, no sólo una norma expresa en el marco del proceso de “protección de persona” sino también, aunque no de manera necesaria pero sí conveniente, que la ley 24.417 receptara tal diferenciación mediante la modificación de su art. 1.

Por otra parte, podemos apreciar que el ámbito de aplicación de la “protección de persona” tal como está planteado en la actualidad excede el tema del maltrato infantil. ¿O acaso el inc. 3 del art. 234 del CPCCN no se refiere también a los supuestos dónde los padres o representantes no pueden ejercer sus funciones, sin importar la causa –al menos ello no surge de la redacción de la norma-? Y aquí una vez más nos preguntamos, ¿es al Poder Judicial a quién le corresponde intervenir cuando un padre no puede cumplir con sus funciones, cualquiera fuese la causa? ¿No es necesario distinguir tales causas? Veamos, si un padre carece de recursos socio-económicos, ¿es la vía de la “protección de persona” la adecuada para la restitución de derechos vulnerados y por el cual se ha visto imposibilitado de cumplir con su rol?

En definitiva, todo lo expresado hasta aquí nos permite visualizar que el ámbito de aplicación asignado –por la ley y por la práctica- al proceso de “protección de persona” debe ser revisado. A tales fines, entendemos necesario que expresamente queden bien diferenciadas las situaciones de violencia que deben ventilarse ante este tipo de procesos de aquellos casos también de violencia que deben tramitan en el marco de un proceso por denuncia por violencia familiar.

Por otra parte, debe quedar expresamente consignado que ante los llamados casos asistenciales, le corresponde entender a otro de los poderes del Estado, el ejecutivo o administrador y no al judicial mediante el uso y abuso del proceso de “protección de persona”. Como así también se debe contar con un medio procesal idóneo (signado por el principio de celeridad) que habilite solicitar la restitución de los derechos vulnerados a consecuencia del incumplimiento, cumplimiento parcial o retardo de la administración en su actuar ante aquellos casos asistenciales. Para ello se debería estudiar en profundidad si la vía del proceso de “protección de persona” podría ser apta para ello o, en su defecto, si el amparo es el camino procesal adecuado para tales fines.

Todos estas “asperezas” procesales deberían encontrarse limadas a la hora de elaborarse un proyecto legislativo como el que insta este trabajo.

4. Cómo superar los déficit del sistema actual

Si bien y de conformidad con la aclaración enunciada en los primeros párrafos, nuestro propósito dista de focalizar en los aspectos negativos que presenta el proceso de marras, no es menos cierto que algunas de tales críticas serán de gran ayuda para comprender el por qué de varios de los cambios que se formulan en este trabajo.

Tal como ha sido dicho en otra oportunidad por uno de nosotros[10], el análisis de la práctica judicial desplegada en el marco del proceso de “protección de persona”, ha dejado traslucir varias, profundas y sofisticadas falencias, entre ellas:

- la judicialización de la pobreza,

- el menoscabo al garantismo por la abierta violación al derecho de defensa en juicio y

- la indefinición de situaciones eminentemente transitorias extendiéndose así la estadía de niños con familias cuidadoras.

A ellas agregamos en este trabajo otro déficit del proceso de “protección de persona” que para nosotros es esencial, y es que no promociona a la familia sino que por el contrario, la descalifica. Por su importancia, trataremos primero este tema y luego los tres que enunciamos primero.

4.1. Cómo el proceso de “protección de persona” puede promocionar a la familia

Hagamos una primera reflexión. El paradigma del proceso contradictorio es reconocidamente ineficaz y hasta contraproducente en los conflictos de familia. Sin embargo y tal como lo ha adelantado uno de nosotros en otras publicaciones, hasta ahora ha sido imposible superarlo. Las leyes rituales que rigen el proceso en los fueros especializados se limitan a anteponer una etapa conciliatoria a la del litigio, y si bien la primera ha dado frutos valiosos, esta última no ha podido ser reemplazada. La única sustitución que se ha encontrado ha sido el proceso típicamente minoril o pseudo protector, susceptible de más críticas aún que el anterior.

En ambos procedimientos (el adversarial y el “minoril”) la familia es desvalorizada del siguiente modo: uno o algunos de sus miembros (o, en las denuncias de maltrato, frecuentemente un tercero ligado a la familia: maestra, psicólogo, médica, vecino, etc.) pide al sistema judicial que disponga cambios en el funcionamiento del grupo (que el padre pague alimentos, que la madre permita encuentros del padre con sus hijos, que el padre o la madre o el padrastro deje de maltratar a los menores, etc.). Este cambio vulnera obviamente las reglas familiares que hasta entonces se aplicaban (basadas en mandatos que muchas veces rigieron durante generaciones) y las deroga y sustituye por reglas nuevas dictadas por el juez (el varón debe dejar de pensar que la mujer es incompetente y darle una suma de dinero por mes adelantado, del 1 al 5, etc. Él cree que la mujer gastará todo el dinero rápidamente y que será mejor que él siga atendiendo las necesidades de los hijos, como hasta entonces, llevándoles de vez en cuando una provista de comida, etc.). Estas imposiciones legales, por buenas que les parezcan a los abogados, son rechazadas consecuentemente incumplidas por las familias en la mayoría de los casos. Lo mismo sucede, dicho sea de paso, con los convenios celebrados bajo excesiva amenaza de que intervendrá la justicia.

El grupo familiar en su conjunto y aún el miembro aparentemente “vencedor” en el caso de proceso contradictorio, salen desencantados de su experiencia judicial (la señora, finalmente, deja entrar nuevamente a la casa al esposo violento, que había sido excluido por el juez). Porque lo que se buscaba no era una derogación inconsulta del código familiar, sino un cambio que naciera de adentro de la familia.

La conclusión, entonces, es que quien acude a Tribunales por una cuestión de familia (sea o no miembro de ella) busca un cambio interno, y el proceso le impone, desde fuera, una derogación descalificante de estatutos familiares.

Esta constatación ha movido a muchos a intentar sustituciones del paradigma contradictorio y del autoritario-minoril, por formas de operar más consensuadas y democráticas. Así, como hemos dicho, todas las leyes que han creado un fuero especial para estos conflictos, han colocado antes del proceso contradictorio una etapa ineludible para la búsqueda de consensos. Consensos que involucran a los miembros de la familia, naturalmente, y también a terceros ajenos a ella cuando forman parte del proceso (el denunciante del maltrato, por ejemplo) y, cuando está en debate el bienestar de personas menores de edad, al Defensor o Asesor de Menores y al mismo Tribunal que, a diferencia de un mediador, no puede archivar el expediente hasta tanto las normas de orden público familiar no sean incluidas en el acuerdo, y respetadas.

Pero lo novedoso es que esas transacciones, si no son el fruto de una excesiva amenaza judicial, respetarán también en su esencia las reglas preexistentes de la familia, las valorizarán, reinterpretarán, pondrán en acto e impedirán que se abuse de ellas. Se tratará de una verdadera promoción de la familia a una etapa superior, más rica y productiva, de su ciclo vital. Y es esto lo que busca o debe buscar todo proceso de familia contemporáneo: promover a la familia en lugar de descalificarla, como antes sucedía.

¿Cómo lograrlo?

Ensayemos una segunda reflexión. Los procesos contradictorio y autoritario-minoril tienen como objetivo el dictado de una sentencia y hacia esa finalidad están orientados los recursos del Juzgado (la distribución del espacio, la distribución del tiempo, la organización del personal, la fijación de las tareas del equipo técnico, etc.) y del proceso (sus etapas están orientadas hacia el fallo: traba de la litis, producción de la prueba, sentencia).

En vez, como ya lo ha dicho más de una vez uno de nosotros [11], el moderno proceso de familia, cuya finalidad es el cambio y la promoción de la familia, se centra absolutamente en la audiencia.[12] Y hacia ella convergen los recursos del Juzgado (el espacio de la audiencia, el tiempo de la audiencia, las entrevistas preparatorias de la audiencia, la labor del equipo técnico en este sentido, etc.) y el proceso (diagramado para lograr un encuentro exitoso, en el cual las reglas familiares y las leyes sociales puedan encontrarse y llegar a un acuerdo).

Por eso pensamos que en el tipo de proceso que nos ocupa, cualquiera sea la gravedad del caso, y si queremos que el mismo sirva para lograr cambios y promocionar a la familia, lo sustancial y central será la audiencia. Podrá parecer muy extraño lo dicho si se recuerda que la audiencia es el lugar propicio para los acuerdos de los miembros de la familia entre sí y con el juzgado, y en la “protección de persona” tradicionalmente se trata, en cambio, de tomar decisiones judiciales que protejan a un menor maltratado o en riesgo. Y de esta forma es que surge enseguida la idea de adversalidad (esto es, de adversalidad entre la familia y el juzgado).

Esto es en realidad lo que ocurre casi siempre, pero no es lo deseable.

Uno de nosotros ha estudiado este tema. Hagamos un primer acercamiento al mismo. Todo comienza cuando, siguiendo la tradición procesal, una vez llegado el caso al Juzgado o Tribunal, el tercero denunciante es dejado fuera del proceso. No se lo convoca a las audiencias ni se recaba su opinión sobre futuras decisiones. Se lo ignora porque tradicionalmente no es “parte”. Su figura se diluye o se esconde detrás de la figura del Defensor de Menores.

¿Qué es lo que sucede entonces? Las consecuencias usuales son las siguientes:

1.  En la familia por lo general nadie busca el cambio (el riesgo o maltrato de la persona menor de edad no es visto o no es mal visto) y el sistema queda sin otro elemento dinamizador que el Juzgado o Tribunal y el Defensor de Menores. Éstos permanecen como las únicas piezas del sistema que desean el cambio. La relación entre la Justicia y la familia se torna de inmediato antagónica y refuerza la voluntad de no-cambio de esta última, así como su actitud de exculparse y culpar al denunciante (“la culpa es de la escuela... ¡cambio a mi hijo de colegio!” es una expresión usual. Las derivaciones a terapia no se cumplen o no son efectivas, por falta de aceptación y de motivación. La necesidad de órdenes y de controles, cuando no de segregaciones y de internaciones, es permanente y se prolonga en el tiempo.

2.  El denunciante queda fuera del sistema y no puede ofrecer una válida colaboración para el cambio. No se le permite ayudar.

3.  El denunciante queda en estado de preocupada y angustiada observación de los movimientos del Juzgado o Tribunal, y cuando éste no puede obtener buenos resultados o debe internar al niño, adopta una posición crítica y hasta cínica.

La situación queda así en una doble beligerancia que puede graficarse de este modo:

Sistema  judicial-familiar

denunciante

segregado

versus

familia

cuidadora

versus

Juzgado o

Tribunal

de Familia

La visualización más rápida de este mal resultado es observar que la capacidad operativa de los Juzgados está prácticamente colmada con el número de “seguimientos” y “controles” que deben hacer en esta verdadera “cruzada” contra las familias…

¿Qué pasa si hacemos participar a los denunciantes? La perspectiva cambia completamente y puede dibujarse así:

La situación inicial:

En estas condiciones, el juez puede adoptar una posición no adversarial con la familia del niño y con el tercero que solicitó su intervención. ¿Cuál es esta posición? Una posición mediadora, dentro de un modelo ecológico de red. [13]

La posición mediadora es la que crea un contexto para que el antagonismo entre el denunciante y la familia cuidadora del niño se transforme en acuerdos, reconocimiento y colaboración mutua. Eso el juez lo hace en la audiencia, acto que como ya dije es el central de todo proceso judicial de familia.

En esta audiencia el juez:

1.  Estimula a la familia a comprender el sufrimiento que hizo que el denunciante actuara. Para ello, interroga al denunciante y prepara a los adultos de la familia a escucharlo.

2.  Estimula al denunciante a comprender los esfuerzos que hacen los adultos de la familia para criar a sus hijos. Para ello, los interroga sobre esos esfuerzos y sobre sus éxitos, y también sobre las frustraciones que llevaron al maltrato. Prepara al denunciante a escuchar estos relatos.

3.  Estimula a todos a realizar una tarea colaborativa a favor del niño y de ellos mismos. ¿Cómo tranquilizarán los adultos de la familia al denunciante? ¿Cómo ayudará el denunciante a los adultos de la familia?

4.  Esta tarea colaborativa debe plasmarse en una serie de “próximos pequeños pasos” (P.P.P.) consensuados entre denunciante y familia. El juez y el defensor de menores añaden ideas, planes y sugerencias pero buscan el consenso sincero y luego se limitan a evaluar, dar el visto bueno y homologar lo convenido. Pueden acordarse nuevas audiencias, seguimientos, controles, pedidos de recursos a otras instituciones públicas y privadas, etc.

5.  El proceso continuará hasta que todos (denunciante y familia) estén tranquilos y colaborando, con reconocimiento mutuo y mutuo agradecimiento entre presentante y familia. Que esto ocurra es el único test que hoy en día tenemos para saber que el niño no será nunca más maltratado). [14] No habrá más necesidad de otro control que el que el propio denunciante ejercerá espontáneamente en la vida del niño.

6.  El Juzgado o Tribunal desaparecerá y podrá ocuparse de otros casos. El sistema quedará de un modo que podría dibujarse así:

La situación final:

Este proceso es posible si su director (el juez) tiene capacidad de percibir las bondades y recursos de las partes del sistema con el que está interactuando. Los denunciantes pueden ser a veces exagerados en sus afirmaciones y posturas, pero también son personas o instituciones sensibles, comprensivas y prontas a ayudar. Los adultos cuidadores pueden ejercer la violencia hasta límites increíbles, pero eso no quita que puedan ser personas que quieren a sus hijos, como dice Rudolf Kempe (el primero en describir el síndrome del niño maltratado, que hoy lleva su nombre).

Si el juez logra crear un clima de respecto y cooperación (que se inicia con su propia actitud respetuosa y cooperativa) entre denunciante y familia, bajará el deseo de culpar y exculparse de cada uno y aumentará la posibilidad de sumar entre ellos.

El juez y el defensor de menores, por su parte, se verán aliviados de tomar la entera responsabilidad de evitar el maltrato futuro del menor, que compartirá con el ex denunciado y la familia. Y podrán eximirse de controles y seguimientos artificiales por tiempo indeterminado.

Inclusive si no hay más remedio que tomar medidas drásticas (internar al niño, excluir a alguien del hogar o inclusive pensar en la posible entrega de la criatura en adopción) el juez y el defensor de menores las conversará no sólo con la familia (salvo que se trate de medidas cautelares cuya ejecución precise del secreto previo, que deban decidirse y ejecutarse de inmediato, antes de la audiencia) sino también con el denunciante (habitualmente temeroso de que su denuncia conduzca a esos extremos). A éste se le puede ocurrir una idea mejor o aceptar las propuestas del Juzgado, siempre que haya participado antes de las audiencias y otras actuaciones procesales. [15]

Hasta aquí hemos desarrollado la idea central del proceso de “protección de persona” del presente y del mañana. Demos una nueva vuelta de tuerca para reforzar, aclarar y agregar algunos puntos importantes.

En primer lugar, que esta audiencia debe celebrarse dentro de un plazo breve, ya que se trata de proteger a una persona menor de edad. Sería bueno, entendemos, que la ley fijase el plazo máximo. [16]

En segundo término que a dicho acto deberán ser convocadas la persona menor de edad a ser protegida y eventualmente su abogado [17], sus padres o representantes legales y sus respectivos abogados, miembros de la familia extensa, otros referentes significativos, los profesionales intervinientes, el o los denunciantes y el Defensor de Menores. En caso de que el denunciante haya actuado como miembro de una institución, las autoridades de ésta. Asimismo, en caso de que la persona menor de edad se encuentre ya viviendo provisoriamente con otra familia o en alguna institución, sus guardadores de hecho o legales. Y en caso de que éstos tengan la guarda de la persona menor de edad como miembros de una institución, las autoridades de ésta. Esta enumeración no es taxativa, pudiendo citarse a cuantas personas puedan colaborar para una resolución positiva del caso.

Que los provisorios guardadores de la persona menor de edad (ama externa, familia sustituta, hogar de tránsito, familia acogedora, miembros de la familia extensa, instituto, etc.) formen parte del equipo que va a consensuar un programa de objetivos y medios para el cambio es imprescindible. Es una de las formas, quizá la principal, de transformarlos en colaboradores y no en antagonistas de la familia de origen. De este modo, los guardadores estarán comprometidos con el éxito de la familia de origen y colaborarán para que el niño que tienen en guarda vuelva a estar con sus padres, en lugar de ver esta devolución como un perjuicio para el niño y por tanto sabotearla inconscientemente, como tan a menudo sucede. [18]

Convocar a las autoridades de las instituciones a las cuales pueden pertenecer el denunciante, el hogar provisorio del niño u otras personas es imprescindible si no se quiere ver en la audiencia personas atemorizadas o indecisas por no saber si cuentan o no con el apoyo de su superior en la toma de determinadas decisiones. En el caso de los hogares provisorios, además, esta convocatoria es imprescindible para lograr el compromiso de la institución con el poner a la familia de origen en condiciones de recibir a su hijo, en lugar de sabotear esta devolución.

Esta audiencia, siendo como es la pieza clave del proceso (lugar que en los procesos tradicionales ocupaba nada menos que la sentencia) debe contar con la preparación previa suficiente, dispuesta por el juez y llevada a cabo por el personal de su Juzgado o por las instituciones o profesionales requeridos. Puede haber reuniones previas, informes periciales o cualquier otra medida útil o necesaria. Piénsese que esta audiencia debe prepararse con la misma dedicación y dispendio de recursos con que en el proceso tradicional se prepara la sentencia, pero con otros fines: el objetivo no es lograr un fallo que sea derivación razonada del derecho vigente, sino la promoción de la familia para que la persona menor de edad pueda vivir en ella dignamente si es posible, o salir de ella dignamente si no lo es.

El juez tomará personalmente la audiencia bajo pena de nulidad, acompañado por el Defensor de Menores y los profesionales que hayan intervenido en su preparación (pueden ser miembros del equipo técnico del juzgado, empleados, o cualquier otra persona)

Ya en la audiencia, el juez deberá tomarla siguiendo un procedimiento democrático que incorpore a la toma de decisiones a la familia, incluida la extensa, a los referentes significativos, a los profesionales, a los denunciantes, a los eventuales guardadores y a las instituciones a que pertenecen, sin que ello signifique deponer su autoridad, investida de la ley de orden público que pregona que una persona menor de edad debe ser protegida y no maltratada.

Esta forma de actuación tiende a evitar el autoritarismo que interviene en la familia descalificando a las autoridades naturales de la misma, y que dificulta con el mismo procedimiento una adecuada puesta a cargo de los progenitores o eventualmente de miembros de la familia extensa.

En el acto de la audiencia el juez escuchará a todos y promoverá la producción consensuada de un plan centrado en objetivos que normalmente serán:

la promoción de la familia de origen para que ésta se ponga en condiciones de proteger y no dañar a la persona menor de edad, y

las medidas a tomar para beneficiar a esta última en caso de que no ocurran los esperados cambios familiares.

Ahora bien, este plan consensuado deberá ser realista en cuanto a la factibilidad de su implementación y concreto, explicitándose los fines y los medios, los efectores y los plazos para su realización. El objetivo es que quienes deben llevarlo a cabo y en especial los miembros de la familia, sepan qué es lo que deben cumplir y cuándo, quién y cómo evaluará la situación luego. El garantismo también se fortifica estableciendo que el plan que se homologue, o las resoluciones que el juez tome a falta de acuerdos totales o parciales, debe establecer concretamente lo que la familia debe hacer para que el proceso se archive.

En el acto de la audiencia, previo dictamen del Defensor de Menores, el juez homologará o no, total o parcialmente, dicho acuerdo y/o lo rectificará total o parcialmente, y/o suplirá total o parcialmente aquellos puntos que no hayan sido materia de acuerdo (recordemos una vez más que tal acuerdo incluye la participación activa del juez, de modo que estas rectificaciones o agregados serán, en la mayor parte de los casos, innecesarios). Y fijará una nueva audiencia a fin de evaluar con la asistencia de los profesionales intervinientes si la situación de riesgo ha cesado. El acuerdo homologado debe conllevar un sistema de evaluación del éxito o fracaso total o parcial del programa consensuado. Y disponer cómo debe seguir y terminar el proceso, evitando las prolongaciones iatrogénicas del mismo.

La segunda audiencia se preparará en la misma forma que la anterior. Si la situación de riesgo ha cesado, el juez archivará la causa o, en forma excepcional y fundada, hará un seguimiento del caso antes de archivarla. Si la situación de riesgo continúa, el juez podrá repetir la producción consensuada de un plan de promoción de la familia y protección a la persona menor de edad, o declararla en estado de abandono o de adoptabilidad. Una vez firme esta última resolución, el Defensor de Menores o el abogado de la persona menor de edad propondrán las medidas conducentes al bienestar de ésta y el juez resolverá al respecto.

4.2. Cómo hacer para que la “protección de persona” no “judicialice la pobreza”.

En primer término es dable destacar que, entre el cúmulo de funciones que poseen las normas, el valor educativo es una de ellas. En este sentido, concebimos oportuno señalar que nuestras leyes más modernas en materia de derechos de infancia y adolescencia, como lo constituyen las legislaciones provinciales sobre protección integral de derechos – en su carácter de creaciones normativas que intentan acercar los postulados incorporados por la Convención sobre los Derechos del Niño a la realidad -, receptan - y no por casualidad - la llamada judicialización de la pobreza. Por citar un ejemplo, el art. 43 de la ley 114 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires dispone en forma expresa que “cuando la amenaza o la violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección a aplicar son los programas sociales establecidos por las políticas públicas, que deben brindar orientación, ayuda y apoyo incluso económico, con miras a la sustentación y fortalecimiento de vínculos del grupo familiar…”. En esta línea pero con otras palabras también se enrola la ley 2302 de Neuquén donde en su art. 8 in fine afirma que “… la separación de un niño de su familia constituirá una medida excepcional cuando sea necesaria en su interés superior. La falta o carencia de recursos materiales en ningún caso justificará su separación del grupo familiar”. Y en igual sentido pero de manera más amplia, la ley 4347 de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Chubut, dispone en el art. 25 que, no sólo “La falta o carencia de recursos materiales del padre, la madre, tutor o guardador no constituye causa para la separación del niño o el adolescente de su grupo familiar”, sino también agrega a continuación: “Ante esta circunstancia los niños y adolescentes permanecerán en su familia de origen, la cual deberá ser obligatoriamente incluida en programas de asistencia y orientación o, en su caso, con los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según la costumbre local”.

Se puede colegir que esta “judicialización de la pobreza” ha venido a denunciar cómo situaciones de carencias de tipo socio-económicas se han encauzado como conflictos judiciales, las que muchas de las veces son ventiladas en el marco de un proceso de “protección de persona”. Asimismo, se pone de resalto quién es el obligado exclusivo y excluyente para actuar ante reclamos sociales: uno de los poderes del Estado que no es, justamente, el judicial sino el administrativo. Este es quien se encuentra conminado por nuestra Carta Magna a llevar adelante acciones positivas -léase políticas públicas- (conf. art. 75 inc. 19 y 23) tendientes a la efectiva defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.[19]

Sobre estos derechos, nos parece oportuno dejar sentadas algunas particularidades que atañe a esta tríada de derechos (económicos, sociales y culturales), que también se los conoce en su versión sintetizada como “derechos sociales”. Al respecto, el maestro Bidart Campos entiende que no existe una jerarquía o escala valorativa entro las distintas generaciones de derechos que, por el contrario, “el empalme de una generación de derechos con la otra nos proporciona un rico pluralismo democrático. Una no paraliza su producto cuando surge la siguiente, sino que lo arraiga dinámicamente en lo que ésta le agrega. Por ello, la mejor imagen que podemos ofrecer de nuestra interpretación acerca de las generaciones de derechos es la de un anudamiento que las hace inseparables, lo que de algún modo hemos ya reiterado con hartazgo doctrinario: hay derechos nuevos y contenidos nuevos en derechos viejos. Pero es claro, resulta imprescindible que, en juventud constante, el sistema axiológico de la Constitución permanezca abierto y poroso a una cultura democrática que, en terminología jurídica, haga verdad aquello de que "nada se pierde, todo se transforma". Y dura”.[20]

Por su parte, y específicamente sobre los derechos sociales de los niños y adolescentes, la Opinión Consultiva nº 17 emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Condición jurídica y Derechos Humanos del Niño” de fecha 28 de agosto de 2002, en su párrafo 81 expresa: “El pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños se ha relacionado a las posibilidades del Estado obligado (artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño), el cual debe realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y deliberada, para asegurar el acceso de los niños a esos derechos, y el disfrute de los mismos, evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este cumplimiento los mayores recursos disponibles”. Y continúa recordando “La Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) resaltó que [t]odos los Estados y todas las familias deberían dar la máxima prioridad posible a la infancia. El niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su bienestar y al más alto nivel posible de salud y a la educación. […] (principio 11)”.[21]

Por último, y tratándose de derechos sociales no podíamos dejar de mencionar algunas palabras expresadas por Abramovich y Courtis, quienes han sido uno de los primeros autores nacionales que han profundizado sobre la exigibilidad de esta categoría de derechos. Al respecto han enfatizado que, “la adopción de normas constitucionales o tratados internacionales que consagran derechos económicos, sociales y culturales genera obligaciones concretas al Estado; que –asumiendo sus particularidades- muchas de estas obligaciones resultan exigibles judicialmente, y que el Estado no puede justificar su incumplimiento manifestando que no tuvo intenciones de asumir la obligación jurídica sino simplemente realizar una declaración de buena intención política.”[22]

Yendo ahora hacia las propuestas concretas prometidas, antes que nada debe advertirse que es una tendencia natural de cualquier sistema la de eliminar o al menos ocultar las malas consecuencias que, queriendo o sin querer, el sistema en cuestión genera. El capitalismo (y con mayor razón con su ingrediente de fundamentalismo liberal vigente en las últimas décadas) no es la excepción sino más bien la regla. Y la “protección de persona” - al igual que los Juzgados de Menores y en parte los de Familia – se han transformado en uno de los tantos basureros en los cuales se recogen los seres humanos destruidos por el sistema, y se los oculta (en buena parte, incluimos en esta enumeración a las prisiones y a los manicomios). Cierto es que cuando una familia “cae” en la “protección de persona” por lo general tiene, además de la miseria, otras características (violencia, droga, grave negligencia, etc.; lo mismo sucede con las personas presas o internadas en un loquero) pero a poco de analizar vemos que en muchas ocasiones estas últimas son consecuencias de aquélla, a veces crecidas a lo largo de dos o tres generaciones (no por nada los “sujetos” de las “protecciones de personas” son en su inmensa mayoría muy pobres o directamente marginales. A veces inclusive son “personas por nacer” que ya están siendo gestadas por madres que se encuentran dentro de una “protección de persona”).

Decimos esto para dejar en claro que no creemos que una simple reforma legislativa pueda modificar el profundo curso de los hechos sociales. Uno de nosotros ha dicho alguna vez que “entre nosotros, autores importantes como Germán Bidart Campos y Eduardo Zaffaroni no sólo han insistido en la operatividad directa de los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a ella incorporados (punto en que, por lo demás, todos están de acuerdo) sino que han manifestado también su esperanza cuando no su abierto deseo de que las esperadas reformas sociales vengan de la mano del estricto respeto de los derechos humanos”. [23] Por eso, y no por ingenuidad, sugerimos una reforma legislativa a este respecto.

Corresponde legislar, desde una ley general sobre protección de los derechos del niño y adolescente, concretar los deberes de los poderes públicos al respecto, y señalar entonces cuáles son los casos específicos de “protección judicial de persona”: aquéllos en que el malestar de un niño no tenga preferentemente origen en la insatisfacción de las necesidades básicas de la familia o en el incumplimiento del poder administrativo en la satisfacción de tales necesidades.[24] Por lo cual la acción de amparo devendría en la vía judicial más apta para la restitución de aquellos derechos vulnerados. Esta es la orientación que guía el presente trabajo.[25]

Así cuando la denuncia judicial que intenta promover la “protección de persona” se presenta ante el Defensor o Asesor de Menores, éste deberá analiza y/o investigar si se trata de un caso en que la situación se origina preferentemente en la pobreza o carencia de recursos que deberían ser provistos por la acción de los poderes públicos. Si fuese así, realizará la petición ante el organismo correspondiente de la administración nacional, provincial o del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego el denunciante tendrá la facultad y el Defensor de Menores la obligación de controlar que la administración cumpla con su deber. [26]

4.3. Para que la “protección de persona” no vulnere el derecho de defensa en juicio

Es sabido, y algo al respecto ya hemos adelantado, que aquella medida cautelar como la rotula el código ritual, se presenta en la práctica como un verdadero proceso autónomo gracias al impulso otorgado por dos Acordadas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictadas en los años 1987 y 1991, como así también por la elaboración y posterior construcción de “normas consuetudinarias” derivadas de prácticas consolidadas en el tiempo que han suplido una gran cantidad de silencios legislativos en esta materia.[27]

Todo este marco normativo “de hecho” y “de derecho” la mayoría de las veces, no ha respetado un principio constitucional elemental como lo es el derecho de defensa en juicio sentado en el art. 18 de la Carta Magna.

Por lo general, y en un todo coherente con lo ya expresado en torno a la judicialización de la pobreza, en este tipo de procesos se pone énfasis en la supuesta dicotomía o conflicto de intereses entre padres e hijos. Padres maltratadores- hijos maltratados, padres abandónicos- hijos abandonados, padres negligentes- hijos con problemas de conducta, padres ausentes- hijos drogadictos o con trastornos de la personalidad, etc. Bajo este panorama nos preguntamos: ¿Cómo se “escucha” a todos los involucrados en el proceso de “protección de persona”? ¿Los padres intervienen? ¿En qué carácter? ¿Son parte? ¿Actúan con patrocinio letrado? ¿Cómo y en qué carácter se arriman al proceso los niños y adolescentes? ¿La sola actuación del Defensor de Menores suple cualquier ausencia –padres/niños-? [28] Y vayamos un poco más allá para complejizar aún más este planteo, ¿este contexto procesal es hábil para que se decrete el estado de adoptabilidad de un niño? Este último interrogante constituye “el broche” de una cadena de incertidumbres que rodea, nada menos, que al derecho de defensa en juicio de los principales interesados.

Por último, es dable señalar que esta situación que impera en los procesos de “protección de persona” no hace más que rememorar la idea tradicional del juez “todopoderoso”, totalmente contraria a los principios vigentes que rigen en derecho de familia, los mismos que han permitido – entre tantas otras cosas - el auge y desarrollo de la mediación en este campo.

Fieles a nuestro propósito en este trabajo, haremos una propuesta de cambio. Pero no sin antes advertir que la situación de desigualdad en que se encuentran las familias que son “sujeto” de la “protección de persona” es mucho más honda que aquella que se solucionaría dándoles un plazo y un lugar procesal para defenderse, y un Defensor gratuito hallable de verdad. Ya hemos dicho que la “protección de persona” es uno de los basureros del capitalismo. Así y todo, una vez más repetimos que los principios liberales que basan los derechos humanos deben ser trasladados a las leyes y a la práctica, y quizás generen cambios sociales.

De este modo, creemos que una futura ley de “protección de persona” debe crear un tiempo donde la familia pueda esgrimir su defensa. A título de ejemplo, podría especificarse que en la audiencia sugerida en el parágrafo 4.1. los citados podrán presentar un escrito formulando sus descargos, peticiones, explicaciones, ofrecimientos y promesas. Este escrito no eximirá de la obligación de participar en la audiencia, con o sin abogado. A la vez se facilita la defensa en juicio, no sólo con la intervención personal en la audiencia sino con la posibilidad de llevar a la misma un escrito con las defensas y peticiones que cada uno estime corresponder. Esto facilita el garantismo o, mejor dicho, alivia la situación de indefensión de la familia.

Además, en cualquier momento del proceso si el juez lo encuentra conveniente podrá nombrar un abogado de la persona menor de edad, que participará de todos los actos procesales, sin perjuicio de la intervención del Defensor de Menores, de la propia persona menor de edad y de sus representantes legales. Y aunque no es éste el momento de analizar en profundidad este tema, debería estudiarse la posibilidad de que el niño pueda designar su propio abogado.

4.4. Para que la “protección de persona” no prolongue sine die la “protección” o la incertidumbre sobre el destino de los sujetos “supuestamente tutelados”

Esta es otra cuestión que fue puesta de resalto en el artículo “antecedente” del presente trabajo. ¿Cuánto tiempo puede estar un niño en una familia cuidadora? ¿Por qué el Estado adopta un rol pasivo para el fortalecimiento de la familia nuclear o, en su defecto, extensa del niño o adolescente? ¿Cuáles son las acciones que llevan adelante los operadores para que tal situación transitoria no se extienda sine die? ¿Cuáles son los criterios y/o capacitación que adoptan al intervenir? ¿Cómo suplen aquella inactividad o falencias por parte de otro de los poderes del Estado?

Estos son algunos de los tantos interrogantes que nos siguen naciendo cuando a la hora de analizar el tipo de medidas que se adoptan en el marco de un proceso de “protección de persona”. Ello es así, atento a que en dicho contexto la separación del niño de su núcleo de origen suele ser una de las decisiones que el juez decreta. ¿Y después? Acá nos topamos con una de las críticas más generalizadas sobre este tipo de procesos.

Es dable señalar, y a diferencia de lo normado en relación al proceso por violencia familiar, el juez no está obligado a fijar ningún plazo de duración de cualquier medida que tome. Ello, más allá de la complejidad y especialidad que trae consigo cada conflicto, constituye, a nuestro entender, una falencia significativa del sistema actual y que debe ser modificada por las siguientes consideraciones que pasamos a enumerar.

1. La previsibilidad como sustancia normativa:

Nuevamente nos topamos con el valor educativo de las normas ya mencionado. Esta función normativa es de sumo interés para todas las partes comprometidas en el proceso judicial. Que toda medida dictada en el marco de un proceso como el de marras conlleve consigo un plazo implica que cada uno de los involucrados sepa de antemano lo que sucederá o, al menos, que puede suceder. Este elemento de previsibilidad tiende a transparentar el sistema y por derivación, reforzar su confiabilidad. A su vez ello se condice con el garantismo también ya aludido.

2. Límite a la discrecionalidad judicial:

Todo plazo implica un límite. En este caso dirigido al juez, quien se hallará obligado a revisar transcurrido un tiempo determinado la decisión adoptada, la cual es de suma importancia cuando se refiere a la separación de un niño de su familia de origen y su destino (o futuro). En otras palabras, para la rápida reinserción en dicho grupo de pertenencia de conformidad con el derecho de permanencia en la familia de origen que recepta la Convención sobre los Derechos del Niño o, de no ser posible, en su incorporación para el cumplimiento de otro de los derechos que también emana de este instrumento internacional de derechos humanos: el derecho a vivir en familia.

3. La fijación de un objetivo expreso común:

A su vez la incorporación de un elemento concreto como el que aquí se propone, lleva ínsito la fijación de un objetivo común para todos los operadores que intervienen en un caso en donde se dicta una medida de guarda provisoria a favor de un tercero, principalmente cuando se trata de una institución o programa de ubicación transitoria. El plazo obliga también a cada uno de los operadores (además del juez) a llevar adelante acciones concretas que le permitan evaluar en el tiempo establecido la marcha de éstas. Para el caso que ellas no se encuentran cumplidas, el mismo plazo también obliga a fundar el por qué de la necesidad de que éste sea extendido, de revisar las actuaciones realizadas y proponer otras o readecuar aquellas. En síntesis, la fijación de un plazo exige estar pendiente (o no perder de vista) el desarrollo de una historia de vida signada por una urgencia: poner fin a una situación de transitoriedad, que se traduce en inestabilidad.

4. La propuesta:

En virtud a los fundamentos esgrimidos que dan cuenta sobre la exigencia en contar con normas que estipulen plazos que marquen o delimiten de manera temporal el proceso de “protección de persona”, consideramos que éste podría ser de hasta un máximo de 6 meses, con la posibilidad de ser prorrogado de manera excepcional y debidamente fundado. Es decir, el juez en el mismo momento de dictar una medida, debería dejar consignado su plazo, el que podría extenderse hasta los 6 meses.

Y en este sentido, es de señalar que, el Estatuto del Menor de Edad y la Familia de Chaco sancionada por ley 4369 en fecha 12/12/1996, dispone de manera expresa en su art. 69 (dentro del capítulo destinado a las medidas de orientación y protección) que: “La colocación en familia acogedora se decretará por el menor término posible, de acuerdo con las circunstancias y objetivos que se persiguen, sin exceder los seis (6) meses”.[29]

Se trata de implementar una especie de “carga” para los jueces, quienes se verán obligados a seguir de cerca la marcha o contramarcha del tipo de intervención decidido oportunamente por ellos. El incumplimiento de dicha carga, traería aparejado dejar sin efecto de pleno derecho aquella medida adoptada, y sobre la cual pesaba el plazo.

5. Otras propuestas

5.1. Delimitación del campo de aplicación

Tal como se ha adelantado, entendemos adecuado que una futura reforma legislativa recepte una clara delimitación de competencia en razón de la materia entre las situaciones de violencia familiar y los casos específicos de maltrato infantil.

Lo expresado en el punto anterior sobre cómo promocionar a la familia ante situaciones de conflicto donde ciertos derechos de los niños se hallan vulnerados, da cuenta sobre las particularidades que presenta el maltrato infantil. De allí que devenga necesario que todo tipo de proceso donde se ventilen situaciones como las mencionas impone deba adecuarse a tal especialidad.

Todo ello significa que el proceso de “protección de persona” (reiteramos, o la denominación que se considere más adecuada y sin perder de vista que toda terminología que se adopte debe descansar en los postulados o principios incorporados por la Convención sobre los Derechos del Niño), debe prever herramientas propias distintas a las situaciones de violencia en la pareja que se desarrollan en el marco de otro tipo de proceso.

En síntesis, estamos convencidos que todos los casos de maltrato infantil en donde los principales involucrados sean niño o jóvenes de hasta 18 años de edad, deben tramitan por ante el proceso de “protección de persona” y no ante el procedimiento previsto por la ley 24.417. Ello debería quedar expresamente delimitado a través de su recepción legislativa.

5.2. Otra cuestión de competencia… territorial

En este apartado dejamos de lado el debate pendiente y postergado ya mencionado sobre los posibles conflictos en materia de competencia a raíz del traspaso o transferencia de la justicia nacional a la justicia local. Por el contrario, amén de quién sea el juez – nacional o local -, nos interesa dejar sentado que una futura reforma legislativa debería receptar la principal residencia efectiva del niño o adolescente[30] para determinar la competencia territorial en todo proceso que involucre a sus derechos.

Ello se condice con las legislaciones más actuales en otras temáticas pero que también atañe a los derechos del niño y del adolescente. Por citar ejemplos, el art. 12 de la ley 25.179 que ratifica la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores señala que la solicitud de localización y restitución de un menor puede ser motivada por aquellos titulares que establezca el derecho del Estado de la residencia habitual del menor.[31]

A su vez, esta normativa sigue el criterio receptado por el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores adoptado por la Convención de la Haya del año 1980, aprobado por nuestro país por la ley 25.587 en el año 1990.

En este sentido, un reciente antecedente jurisprudencial dictado en fecha 16/03/04 por nuestro máximo tribunal que comparte lo dictaminado por el Procurador General que expresa: “… creo oportuno señalar, que V.E. en oportunidad de resolver actuaciones cuyo objeto atañe al interés de menores, ha otorgado primacía al lugar donde éstos viven efectivamente, ya que consideró que la eficiencia de la actividad tutelar, torna aconsejable una mayor inmediación del juez de la causa con la situación de los mismos (conf. Fallos: 314:1196; 315:431; 321:203, entre otros)”. [32]

Siguiendo esta línea argumentativa, es dable colegir que una hipotética normativa en materia de competencia podría verse formulada de la siguiente manera: “El juez competente será el de la residencia efectiva de la persona menor de edad o en caso excepcional y por razones fundadas el del domicilio que mejor responsa al interés superior del niño”.

Entendemos que de esta manera se facilita el acceso a la justicia en pos de una mejor y mayor protección de los derechos de los niños y adolescentes. Asimismo, y atento a que cualquier persona se encontraría legitimada para incoar el proceso de “protección de persona” ante el Defensor de Menores, se le facilita aquél acceso si la denuncia puede ser realizada ante aquél órgano correspondiente a su domicilio.

6. Reflexiones finales

Sabemos que varios temas han quedado en el tintero. En primer término aquéllos que hacen a una reforma profunda que debe operar en materia procesal de familia, donde los principios de oralidad, inmediatez y celeridad configuran la columna vertebral de tal cambio radical. Sin embargo, entendemos que lo expresado hasta aquí posee entidad suficiente a modo de disparadores para posteriores debates, como así también como una primera aproximación para la elaboración de propuestas concretas para una futura y necesaria reforma legislativa del proceso de “protección de persona”.

Como dice José Martí, "los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan". El presente trabajo intenta ir en ese mismo sentido.

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[1] Abogado y mediador en cuestiones de familia. Ex juez de familia. Correo electrónico: eduardocardenas@estudiodefamilia.com.ar

[2] Abogada. Investigadora adscripta del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Dr. Ambrosio L. Gioja, Facultad de Derecho, U.B.A. Becaria de Doctora, UBACYT, Facultad de Derecho, UBA. Correo electrónico: marisa_herrera@yahoo.com.ar

[3], Herrera Marisa ¿No estamos obligados a cambiar? Una mirada crítica sobre el proceso de “protección de persona", publicado en el Diario Jurídico en Internet El Dial del 04/05/04.

[4] Sobre este tema nos remitimos a los trabajos doctrinarios citados en la publicación “antecedente” del presente individualizado en la nota al pie nº 1.

[5] En palabras del maestro Bidart Campos, a este hito que ha impactado en cada una de las ramas del derecho, específicamente en la que nos interesa, lo ha denominado “humanización del derecho de familia” (ver Bidart Campos, Germán, “Familia y Derechos Humanos”, en Las transformaciones constitucionales en la postmodernidad, del mismo autor, Ediar, Buenos Aires, 1999, p. 85 y ss.). Y ya que estamos citando a este reconocido autor, sobre los derechos humanos en general ha afirmado que “En las postrimerías del siglo, se nos hace patente que los derechos humanos han ascendido al cenit de la ‘moda’. Ello no nos diría demasiado si olvidáramos que el imaginario colectivo puede ser inductor, y en este caso creemos que lo es, de un cambio en el derecho constitucional, en el derecho internacional, y en las instituciones políticas. Esta capacidad de hacer intersección con las normas, con las conductas y con el progreso hacia el bien resulta cierta, una vez que damos por verdad que la defensa y la promoción de los derechos humanos exhiben valiosidad con signo positivo, tanto en lo referente a cada ser humano como en lo que muestra de proyección institucional y colectiva” (conf. Bidart Campos, Germán, “El panorama de los derechos humanos a fin de siglo”, en JA 1998-80ª, p. 97)

[6] Al respecto recomendamos compulsar, entre otros, Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho constitucional Argentino. Nueva edición ampliada y actualizada 1999-2000, tomo I-A, Ediar, Buenos Aires, p. 676 y ss; Risso, Guido “Condición Jurídico-política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en Revista La Ley del 26/01/04, p. 1 y ss; Rosatti, Horacio, “La autonomía en la Ciudad de Buenos Aires” en Bidart Campos, Germán y Gil Domínguez, Andrés (directores), Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 29 y ss.

[7] El resaltado nos pertenece.

[8] Cfr. Diario Jurídico “Diario Judicial”, en su edición de fecha 13/07/04.

[9] Al respecto, es de señalar que uno de los autores del presente trabajo ha integrado la comisión de redacción de un proyecto de ley destinado a organizar el Fuero y el procedimiento de Familia en la Capital Federal por invitación del Ministerio de de la Nación, conjuntamente con los Dres. Jorge L. Kielmanovich, Nelly Minyersky, y Angelina Ferreira, siendo la secretaria la Dra. Silvia V. Guahnon.

[10] Herrera, Marisa, art. cit. en nota 1.

[12] Nos referimos, obviamente, a la audiencia de conciliación y no a la de prueba.

[13] De los aspectos de interés jurídico que contiene el modelo ecológico de red, dice Inés M. Weinberg, corresponde destacar la integración terapéutico-judicial, el apoyo social (centrado en la educación a los adultos y su resocialización) y el control social y develamiento del abuso. Y continúa afirmando que “El primero de estos aspectos, esto es la integración de los sistemas terapéutico y judicial, determina la participación del terapeuta en el contexto institucional del abuso (y su contracara, o sea, la intervención institucional como marco sostenedor del desarrollo de un tratamiento terapéutico), en lugar de ir en procura del establecimiento de distancias y diferencias entre ambos equipos de trabajo. Más específicamente, incluye el reconocimiento de la transparencia de la comunicación frente a la familia, así como el reconocimiento específico de la influencia del terapeuta en el proceso judicial a través de los informes que brinda. Más aún, la integración incluye la búsqueda sistemática de información judicial y contextual por parte del terapeuta, por medio de, por ejemplo, la lectura del expediente judicial. Por su parte, desde el órgano jurisdiccional, esta integración permite al tribunal desplegar concretas acciones vinculadas directamente a los núcleos conflictivos que son objeto del trabajo terapéutico, brindando un concreto marco de contención en lo que a la comunidad de tratamiento atañe, en la medida en que generalmente se trata de terapias bajo mandato” (Weinberg, Inés, M., Convención sobre los derechos del niño, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, pág. 310).

[14] Así lo asevera el experto italiano Stefano Cirillo en un artículo inédito.

[15] No se trata, por supuesto, de evitar el secreto cuando hay que tomar medidas cautelares cuya ejecución puede depender de la sorpresa. No propongo socializar con la familia y el denunciante este tipo de medidas, pero sí hacerlo inmediatamente después de su ejecución. De todos modos, la experiencia enseña que una vez que  un juez interviene y la familia se entera porque es convocada a una audiencia, es raro que se produzca maltrato.

[16] Para profundizar sobre este tema véase el punto 4.4 de este trabajo.

[17] Ver en el punto 4.3 sobre la posibilidad de que el juez nombre un abogado del niño o admita uno propuesto por él. Al respecto, es de señalar que en un proyecto de ley sobre "Responsabilidad parental" presentado en marzo del 2002  (1505-D-02) por la diputada Cristina Zuccardi, se propone reformar el art. 264 al receptar que "En todos los casos deberán adoptarse procedimientos que garanticen la representación propia del niño, niña o adolescente o joven y el derecho a la privacidad de los hijos, que deberán ser escuchados en entrevistas informales, sin la presencia de las partes o sus asesores". Y en los fundamentos con relación al tema se afirma: "No desconocemos que la implementación de la representación propia de los hijos en los conflictos judiciales en que se encuentren involucrados, acarrea algunos inconvenientes de índole práctica, especialmente relacionados con la retribución profesional de esa representación, pero es necesario apelar a mecanismos como funcionarios especializados a cargo del Estado, o a través de los colegios de abogados, ya que al no poder ser solventada por los propios niños por falta de recursos económicos, no puede pensarse que sea solventada por sus representantes legales, porque se crearía una situación de dependencia incompatible con la defensa efectiva de sus intereses”.

[18] Puede consultarse al respecto con mucho provecho la obra de Minuchin, Patricia, Colapinto, Jorge y Minuchin, Salvador, Pobreza, familia e instituciones, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2000.

Naturalmente que las familias sustitutas que normalmente se dedican en forma paga o voluntaria a cuidar provisoriamente niños en riesgo mientras los jueces deciden su destino, deben ser capacitadas y ayudadas con programas especiales como el que la Fundación Retoño impartió durante el año 2000 a las amas externas dependientes del actual Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

[19] Vasta es la bibliografía nacida en estos últimos años sobre el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. En una publicación de reciente dato se ha expresado “Los derechos sociales son también derechos humanos porque son derechos del hombre al igual que los denominados derechos civiles, o políticos y que se diferencian por las distintas etapas o generaciones en que fueron reconocidos en normas escritas. Tienen por tanto, un significado y contenido propio que se vincula a la relación del hombre con el Estado en diferentes momentos históricos”. Y párrafos posteriores continúa diciendo “Con el constitucionalismo social aparecen los denominados derechos económicos y sociales que, sin desconocer los derechos individuales, persiguen el progreso económico del hombre, el desarrollo de su persona y su inserción en la sociedad” (Cfr. Ugolini, Daniela, “Los derechos sociales y la emergencia”, Revista La Ley, suplemento de Derecho Administrativo, mayo 2004, p. 11 y ss).

[20] Cfr. Bidart Campos, Germán, “Las tres generaciones de derechos”, Revista La Ley, 29/09/2003, p. 1.

[21] Para profundizar sobre este instrumento, recomendamos compulsar Beloff, Mary, “Luces y sombras de la Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño” en, de la misma autora, Los derechos del niño en el sistema interamericano, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, en prensa.

[22]Cfr. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2002, pp. 19 y 20. En el marco del “modelo de derecho social” que elaboran en esta obra, estos autores también afirman que “las consideración de desigualdades materiales, de poder político y económico y de información entre distintas clases de sujeto de derechos”, como así también admiten la necesidad de establecer “limitaciones al principio de autonomía de la voluntad… el establecimiento de mínimos de interés público indisponibles por los individuos, fundados en la necesidad de protección de valores como la salud, la seguridad, la dignidad” (p. 55).

[23] Citado en Cárdenas, Eduardo J., “Reflexiones sobre un fallo que florecen breve y aisladamente en los países dependientes”, columna de opinión, Revista La Ley, 30/07/2002, p. 1-2.

[24] Esta misma ha sido la orientación adoptada por la mayoría de los proyectos de ley sobre protección integral de derechos del niño presentados en el transcurso del presente año. Por citar un caso, el proyecto 2093-D-2004 perteneciente a la diputada María Laura Musa y otros, en su art. 3. expresa: “La política respecto de todos los niños, niñas y adolescentes tendrá como objetivo principal su contención en el núcleo familiar a través de la implementación de planes y programas de prevención, promoción, asistencia e inserción social”. En este sentido el Art. 5.dispone que “Es deber del Estado tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías”. Y el articulo siguiente: “La familia es responsable, en forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. … El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres y las madres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. Para profundizar el tema, recomendamos compulsar los siguientes proyectos legislativos: 2126-D-2004 (TP 40) de autoría de la diputada González de Duhalde y otros sobre “Régimen Integral de Protección de los Derechos del Niño y el Adolescentes. Creación del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la figura del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia. Sustitución del art. 310 del Código Civil y derogación de la ley 10.093”; 2442-D-2004 (TP 46) de autoría de la diputada Roy sobre “Ley de Protección y formulación integral de los menores de edad. Modificación del art. 310 del Código Civil sobre privación o suspensión de la patria potestad. Derogación de la ley 10.903”; 2491-D-2004 (TP 48) de autoría del diputado Bonasso y otros sobre “Ley sobre Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Modificación de los artículos 307 al 310 del Código Civil sobre patria potestad. Modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sobre guarda y medida cautelar. Derogación de la ley10.903”; 2525-D-2004 (TP 49) de autoría de la diputada Barbagelata y otros sobre “Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Creación de la Defensoría Nacional y Del Consejo Federal”; 2688-D-2004 (TP 52) de autoría del diputado Moreau sobre “Ley de Protección Integral del Menor” –reproducción del proyecto 5422-D-1998-; 3510-D-2004 (TP 73) de autoría del diputado Hernández y otros sobre “Ley Régimen de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” y 1177-S-04 de autoría de la senadora Perceval y otros sobre “Sistema de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”. Agradecemos la información y el material brindado por la Dra. Marisol Burgués.

[25] Entendemos oportuno destacar un fallo dictado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires donde asevera que “Es una verdad irrefutable que la familia –entendida en sentido amplio como abarcativa de las personas vinculadas por parentesco cercano- constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. De allí que cuando se constata que es incapaz de actuar el Estado debe apoyarla y fortalecerla a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo” (Ac. 86.250, SCBA, “M. L., M. M., M. M., M. M., M. E., M. I., G. D., G. E., G. R., art. 10 ley 10-067”, del 23/12/2003en www.scba.gov.ar

[26] El art. 59 del Código Civil prevé la intervención promiscua del Defensor de Menores “en todo asunto judicial o extrajudicial” que atañen a las personas menores de edad. En igual sentido, el inc. a del art. 54 de la ley orgánica de Ministerio Público nº 24.946, dispone que entre los tantos deberes que le incumben a los Defensores de Menores se encuentra el de “Intervenir, en los términos del art. 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces, y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios”. Para profundizar sobre la intervención extrajudicial de los Defensores de Menores, recomendamos compulsar Baleiro de Burundarena, Ángeles y Carranza Casares, Carlos, “Actividad extrajudicial de asesores o defensores de menores e incapaces en el campo de la salud mental (violencia familiar, internaciones, insanias e inhabilitaciones)” en Revista El Derecho de fecha 02/01/03, p. 1.

[27] Recordemos que todo el proceso de “protección de persona” bajo el manto de una medida cautelar se encuentra regida por una escasa e cantidad y calidad de artículos, del 234 al 237 inclusive del CPCCN.

[28] A modo de ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en los autos S. de R., S. R. c. R., J. A. (A. 78.728) de fecha 02/05/2002, anuló de oficio una sentencia sobre tenencia y régimen de visitas dictada en el marco de un juicio de divorcio por considerar, al igual que el Procurador General, que no surgía de las actuaciones que se hubiese recabado la opinión de los hijos del matrimonio, en donde se argumentó –entre tantos- que “El derecho a ser oído es de carácter personalísimo, por lo que no puede admitirse que se exija su ejercicio a través de la figura del representante promiscuo del menor -el asesor de menores-, ni de una figura como la del tutor "ad litem", por cuanto su intermediación desvirtuaría la finalidad que se persigue” (del voto del Dr. Pettigiani, publicado en La Ley 2003-A, 425 y en DJ 2003-1, 522, con nota de Leonardo Pablo Ferraro).

[29] En este mismo sentido, el proyecto de ley nacional sobre “Creación del Ombudsman o Defensor de las personas menores de edad y creación del Consejo Nacional de las personas menores de edad” de fecha 26/07/02 (4450-D-02) presentado por el diputado Juan M. Urtubey, en su art. 24 dispone que “Las medidas judiciales que se adopten tendrán como objetivo la reparación del derecho violado, así como asegurar al menor sus derechos y promover su formación. Podrán ser suspendidas, revocadas o sustituidas, no puediendo exceder los seis meses de duración, prorrogables fundadamente por igual término hasta un máximo de dos años”.

[30] El concepto de persona menor de edad lo utilizamos de manera supletoria al de niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto por la ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires sobre Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que, en su art. 10 expresar …

[31] Cfr. Solari, Néstor, “Tráfico Internacional de Menores”, Revista La Ley, Suplemento de Actualidad, 15/04/04, p. 2.

[32] Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación en expediente sobre Competencia n° 1485. XXXIX, autos “B.,R.E. s/ exhorto” publicado en el boletín quincenal electrónico de la Revista de Derecho de Familia en www.lexisnexis.com.ar

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